El golpe de estado de Pavía había puesto fin a la Primera República Española el 3 de enero de 1874. A todos les parecía normal que el Ejército fuera el árbitro de la situación, ya que el Estado español estaba inmerso en dos guerras que no conseguía acabar: la de los Diez Años en Cuba (1868-1878), y la Tercera Guerra Carlista, en el interior, que se arrastraba desde 1872. El nuevo régimen, presidido por el general Serrano, era unitarista, presidencialista y liberal moderado. Se propuso como primer objetivo, lógicamente, ganar ambas guerras cuanto antes. Pronto se vio que una república presidencialista no era estable y se propugnó la restauración de la monarquía borbónica. Para facilitarla, la ex-reina Isabel II -destronada por la Revolución de 1868- abdicó en su joven hijo Alfonso XII, quien se declaró católico y liberal y fue entronizado por un nuevo golpe militar, el del general Martínez Campos, el 29 de diciembre de 1874. Se hizo cargo del gobierno el conservador Cánovas del Castillo, que convocó unas elecciones constitucionales, manipuladas para que el partido liberal-conservador obtuviera el 85% de los escaños. La nueva Constitución fue promulgada el 30 de junio de 1876 y creaba dos partidos, el liberal de Sagasta y el conservador del propio Cánovas, que se alternaban en el poder mediante un simulacro de elecciones, reducidas censatariamente al 5% de la población y descaradamente falseadas. Este sistema de turno pactado tenía un inconveniente: el descrédito de las instituciones presuntamente democráticas; y una ventaja: una gran estabilidad que permitía a los gobernantes de turno aplicar sus programas con tiempo, paz y sin oposición. Este sistema político dejaba fuera a gran parte de la sociedad: los carlistas y los republicanos; y era incapaz de acoger los fenómenos sociales en alza, incluso de dialogar con ellos, como el socialismo o el catalanismo. En Catalunya, la burguesía, asustada por el obrerismo en los suburbios de Barcelona, por la feroz resistencia carlista en las montañas, por la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y los proyectos de hacerlo en Cuba, por la supresión de los aranceles y por el sufragio universal, apoyó el nuevo régimen. La Restauración tuvo el efecto positivo de incorporar a la política catalana a prohombres de la industria y de la economía. Los conservadores, dirigidos por Manuel Duran i Bas y agrupados en la Liga del Orden Social, pasaron a ocupar los principales cargos municipales y provinciales. Así comenzó la carrera política de, por ejemplo, Eusebi Güell, que en 1875 fue designado concejal de Barcelona y en las elecciones de 1877 diputado provincial. El final de la Tercera Guerra Carlista (27-II-1876) se celebró en Barcelona con una gran fiesta popular los días 4, 5 y 6 de marzo de 1876, con “Te Deum” en la catedral, arcos de triunfo y gallardetes por las calles, castellers, sardanas y coros de Clavé. Un obelisco conmemoró el evento en la plaza que pasó a denominarse Portal de la Pau. Sin embargo, la burguesía conservadora catalana tenía una gran reticencia a integrarse en los partidos españoles: conservador y liberal, absolutamente contrarios a la supervivencia de Catalunya. Desde el “Diario de Barcelona”, Joan Mañé i Flaquer formulaba la teoría de un regionalismo histórico, conservador y católico. Se basaba en la existencia de profundas diferencias estructurales entre Catalunya y España; en la industrialización de Catalunya, que exigía la descentralización para dar a los industriales catalanes el peso debido en la dirección de los asuntos públicos; y en una concepción católica y tradicional de la comunidad social: la valoración del pasado, la continuidad generacional, la vinculación a la tierra, la prioridad de la familia y de las demás entidades naturales y corporativas. Ni el conservador Cánovas ni el liberal Sagasta le hicieron el más mínimo caso. Fuera del sistema, Pi i Margall, una vez fracasada la República, publicó “Las nacionalidades”, que insistía en dotar al estado de una estructura federal. A partir de 1877, los republicanos comenzaron a plantear Catalunya como una “nacionalidad”. Y en 1879 mosén Collell publicó “Lo catalanisme. Lo que és i lo que deuria ésser”, un primer esbozo de un movimiento nacionalista de matriz católica, similar a los de Irlanda y Polonia, que recogía la herencia de Balmes y se despegaba del carlismo vencido por las armas y agotado ideológicamente para hacer “un catalanismo práctico, racional y de inmediatas consecuencias”. Las tres figuras de la economía catalana, para sus contemporáneos, eran Joan Güell i Ferrer; Antonio López, primer marqués de Comillas; y el financiero Manuel Girona. De los tres, Güell fue el único que intervino en los asuntos públicos, como diputado, senador, fundador del Círculo Hispano Ultramarino –que defendía la españolidad de Cuba- y “primer atleta del proteccionismo”, es decir, de la fijación de aranceles para los productos fabricados fuera del Estado español. Este asunto generó una gran polémica durante todo el siglo XIX, de gran resonancia de público, de prensa y de libros editados. Una discusión decimonónica sobre aranceles podía perfectamente comenzar con referencias a Platón, Aristóteles y santo Tomás de Aquino, para extenderse durante páginas y páginas sobre los godos y los romanos y acabar citando a Gladstone, Pitt o Adam Smith. Catalunya se asociaba con el proteccionismo, mientras que Madrid se identificaba con el librecambio, aunque, curiosamente, los principales defensores del librecambio no eran castellanos, sino catalanes establecidos en Madrid. La industrialización era sentida por todos -en Catalunya y en Madrid- como el “hecho diferencial” de Catalunya dentro del Estado (la Renaixença, en cambio, sólo afectaba a círculos literarios e intelectuales). Patronos y obreros; diarios e instituciones; carlistas, conservadores, liberales y republicanos; católicos y anticlericales mantenían unánimemente la defensa del proteccionismo, reivindicando el trabajo, el capital y la inteligencia como fuentes de riqueza frente a Madrid, tildada de capital completamente improductiva, sin industria ni comercio, llena de ociosos rentistas y burócratas.